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26/11/2014

El emprendimiento y la forma jurídica de la empresa

Los emprendedores siempre han estado ahí, inquietos, inconformistas, innovadores, deseosos de romper barreras y de crear para crecer o seguir creciendo, aunque no ha sido hasta fecha reciente que su condición ha adquirido sustantividad propia.

En nuestra tradición jurídica, plasmada en el vigente Código de Comercio de 1885, cristalizó el concepto de «comerciante», para sólo con el paso del tiempo, bien entrado el siglo XX, cuajar el de «empresario».

En los últimos años ha fructificado, globalmente, la palabra «emprendedor» («entrepreneur»), que, desde el punto de vista normativo, ha encontrado acomodo, principalmente, en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización.

Se suele esperar mucho de las leyes, pero hay que reconocer que, a veces, éstas encuentran límites que son difíciles de superar.

Por ejemplo, creemos que el «emprendimiento» («entrepreneurship») requiere de algunos presupuestos básicos, sin los cuales difícilmente puede surgir el ambiente propicio para la proliferación de los emprendedores.

En primer lugar, es necesario un contexto cultural adecuado. Según la Comisión Europea, «para que el emprendimiento se convierta en el motor de crecimiento de nuestra economía, Europa necesita una amplia y profunda revolución cultural» («Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020», de 9 de enero de 2013).

Se aprecia en nuestro continente, y especialmente en España, una cierta relajación y aversión al riesgo, que, sin embargo, no se observan en otros países como son los Estados Unidos o China. Mientras que el trabajo por cuenta propia era, en 2010, la primera opción del 45% de los europeos, este porcentaje ha bajado en 2013 hasta el 37%, mientras que en los dos países mencionados esta proporción es del 51% y del 56%, respectivamente.

En segundo lugar, aunque el emprendimiento también cabe en relación con la puesta en marcha de asociaciones o fundaciones, en una época de crisis profunda como la actual no parece tener mucho sentido desligarlo del ánimo de lucro, de la búsqueda de beneficio, de la libertad para crear una empresa. En sociedades avanzadas como la nuestra esto no es incompatible, por ejemplo, con el pago de impuestos que redunden en el beneficio del colectivo, con la protección de los trabajadores y de los consumidores, o con el sometimiento de toda la riqueza al interés general.

El anterior presupuesto nos lleva al tercero, que es la existencia de un mercado en el que ofrecer los bienes y servicios del emprendedor. A pesar de que nuestro país se encuentra tan fragmentado administrativa y políticamente que dificulta la libre circulación de los bienes, a lo que se ha tratado de dar solución con la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado, el emprendedor debe ser consciente de que dispone de un mercado interior en Europa en el que le esperan 500 millones de potenciales clientes. Sin un mercado en el que cruzar las transacciones no hay empresas, sin demanda no hay oferta.

Establecido lo anterior, ¿qué le puede ofrecer el marco jurídico al emprendedor? No puede evitar la supresión del riesgo, que es inherente a la actividad empresarial, pero puede dar medios para mitigarlo. No garantiza el acceso a la financiación, pero puede regular medios alternativos a los tradicionales canales bancarios, como, por ejemplo, el capital-riesgo o el «crowdfunding». Por último, el marco jurídico debe ser adecuado para proteger al emprendedor que ha sido honrado pero ha fracasado, minimizando los daños sobre su patrimonio personal no afecto al negocio, procurando que no quede socialmente estigmatizado y que sea posible el retorno al mundo productivo con nuevos proyectos empresariales.

El marco jurídico ofrece al emprendedor la forma para que su idea pase de los sueños a la realidad, de lo conceptual a lo material. El concreto modo en que se organice la empresa del emprendedor, sus medios personales y materiales, permitirá la consecución de algunos de los objetivos enumerados anteriormente.

Para la toma, por tanto, de esta importante decisión, son muchos los elementos a valorar, pero hay dos que nos parecen cruciales: la cantidad de dinero o los medios materiales que el emprendedor está dispuesto a arriesgar y, en su caso, perder; y el establecimiento de una barrera que, ante el eventual fracaso del negocio, le permita preservar los bienes y derechos patrimoniales personales.

Por tanto, la adopción de formas societarias que permitan limitar la responsabilidad del emprendedor es decisiva. En este sentido, las formas más tradicionales son las sociedades anónimas (60.000 euros de capital social) y las limitadas (3.000 euros de capital social), con la multitud de variantes que de estos tipos básicos se pueden encontrar en la práctica. La normativa permite la constitución de estas sociedades por un solo socio (sociedades unipersonales).

En sentido contrario, el ejercicio como empresario individual podría resultar «peligroso» en exceso, pues no se podrían separar las responsabilidades del emprendedor y del individuo, es decir, una mala actuación de la empresa, seguida de reclamaciones de los acreedores, podría contaminar y comprometer su patrimonio personal (principalmente, la vivienda habitual).

Adicionalmente, serían muchos más los elementos a valorar: el número de socios que participen en el proyecto, la gestión diaria, la necesidad de contratar o no empleados, el régimen fiscal de la empresa, la previsión de requerir más capital a corto plazo, la combinación de las aportaciones de los socios con la financiación bancaria o no bancaria, las relaciones con los proveedores, con la clientela, el ámbito territorial de actuación, etcétera.

En el siguiente cuadro, tomado de Edufiemp, se destacan algunos de los hitos del proceso de elección de la forma jurídica de la empresa.

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A algunos de los problemas señalados anteriormente, como la posibilidad de la pérdida de la vivienda habitual del emprendedor, o la necesidad de contar con una fuerte inversión inicial, se ha tratado de dar respuesta por la reciente regulación protectora del emprendedor.

Por ejemplo, con la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, siempre que tal condición tenga acceso a los Registros Mercantil y de la Propiedad, la vivienda habitual, cuando su valor no supere los 300.000 euros, quedará a salvo de las reclamaciones de los acreedores por actos relacionados con el negocio.

Por otra parte, se podrá constituir una sociedad limitada sin tener que desembolsar inicialmente los 3.000 euros del capital social, pudiendo ser dotada tal cantidad según avance el desarrollo de la actividad. Se trata, en este caso, de la sociedad limitada de formación sucesiva.

Si se pretende de veras que aumente el número de emprendedores, que generarán riqueza para sí mismos y para la colectividad, son imprescindibles una malla que les dote de un mínimo de seguridad y facilidades para la implantación.

José María López Jiménez.
Abogado especialista en regulación financiera.

 

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